Bogotá, D.C., agosto 26 de 2024 – SNR – Con el propósito de brindar asesorías jurídicas gratuitas a la población más vulnerable, en temas relacionados con el registro inmobiliario, la Supernotariado avanza, a lo largo y ancho del país, con una cruzada por el saneamiento jurídico de la propiedad urbana.
La misión es promover los servicios que ofrece la SNR, con el fin de disminuir significativamente la brecha de la informalidad y la ilegalidad en el país.
Atlántico, Caldas, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca fueron, en agosto, escenario de las asesorías jurídicas con las cuales la entidad llega, mes a mes, a los rincones más apartados de la geografía colombiana.
En esta ocasión, Juan de Acosta, Luruaco, Palmar de Varela, Santo Tomás y Usiacurí, en Atlántico; Aguadas, Marmato, Riosucio y Salamina, en Caldas; Montería, en Córdoba; Cúcuta, en Norte de Santander; y Santiago de Cali, en Valle del Cauca, recibieron al equipo humano encargado de despejar todas las dudas relacionadas con los procesos de englobe, formalización, pertenencia, servidumbre y sucesión de predios urbanos y rurales.
Este ciclo de asesorías, que inició en Cúcuta (Norte de Santander) y culminó en Luruaco (Atlántico), se suma a los realizados entre abril y julio pasado en Armenia, Calarcá, Circasia, Génova, Montenegro, Pijao y Salento, en Quindío; Balboa y Marsella, en Risaralda; Cambao y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca; y Neiva, en Huila.
Durante los últimos dos años, la Superintendencia de Notariado y Registro ha visitado más de 300 municipios en 26 departamentos, donde se han llevado a cabo 680 jornadas de asesoría con las cuales se ha beneficiado a 9.259 mujeres, 7.427 hombres, 25 personas jurídicas y cuatro ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.
En total, se ha brindado atención a 16.715 usuarios en todo el territorio nacional, una cifra histórica para el país.
La meta de la entidad es continuar luchando por la reducción de la informalidad en la tenencia de la tierra y, así, contribuir al desarrollo económico, la equidad social y la seguridad jurídica del sistema inmobiliario colombiano.