La Superintendencia de Notariado y Registro continúa cumpliendo su compromiso con las 16 curules de paz: Ir a las regiones más azotadas por el conflicto y gestionar soluciones para sus problemas.
Así lo confirmó el superintendente Delegado para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras, Felipe Clavijo, quien el pasado 4 de febrero participó en la mesa de trabajo llevada a cabo en Mocoa (Putumayo).
A este encuentro asistieron el gobernador del Departamento, Buanerges Florencio Rosero Peña; el subdirector General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Diego Fernando Carrero Barón; el representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Putumayo, Jhon Fredy Valencia Caicedo; y 11 alcaldes municipales.
Durante la jornada se estableció una hoja de ruta conjunta con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuyo fin es hacer seguimiento al proceso de catastro multipropósito que se adelanta en esta zona del país, así como fortalecer el ejercicio de inspección, vigilancia y control de la gestión catastral.
El Superintendente Delegado para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras se comprometió, además, a revisar y expandir el ‘Programa de saneamiento y formalización de la propiedad urbana y rural’ en el Putumayo, donde la Supernotariado hace presencia en nueve municipios.
Adicional a ello, el escenario fue aprovechado para hablar de la necesidad de orientar a las comunidades indígenas y negras en sus trámites de registro y ampliación de títulos colectivos. Por último, la SNR asumió la revisión de los predios urbanos y rurales afectados por medidas cautelares, emitidas a través de sentencias de restitución de tierras.
De esta forma, la Superintendencia ratifica su compromiso de trabajar de la mano con los representantes de las 16 curules de paz y, a través de ellos, cumplirles a las diferentes regiones del país.
Los escaños destinados en el punto número dos del Acuerdo de Paz de 2016, para que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación en el Congreso, están ocupados por los 16 representantes a la Cámara elegidos por los 170 municipios priorizados como zonas de conflicto.
